El mundo anglosajón ha desarrollado una cultura institucional favorable a la fiscalización y sanción de las conductas profesionales mediante códigos públicos de obligado cumplimiento. No toda conducta profesionalmente indebida o inadecuada es un delito penal, lo que no significa que no deba ser sancionada. Este modo de proceder no alcanza solo a las profesiones privadas sino muy especialmente a los cargos políticos y a sus familias. Las declaraciones de Miriam González, abogada, fundadora de España Mejor y esposa del exviceministro Nick Clegg durante el mandato de David Cameron, con relación a las informaciones sobre la esposa del presidente Sánchez y un posible conflicto de intereses, van en esa línea.

Regular la actividad pública y profesional de la esposa o esposo de quien preside el Gobierno es una medida preventiva que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Miriam González nunca dejó de trabajar y para poder seguir haciéndolo sin comprometer, ni a su marido ni al Gobierno Cameron, cumplió unas normas objetivas y públicas. La ciudadanía sabía que la oposición controlaba el ejercicio profesional de Miriam González y que el despacho en el que ella trabajaba tenía que vigilar para evitar cualquier conflicto de intereses. Contribuir a reforzar la democracia, si eso es lo que Sánchez quiere de verdad, no pasa por aumentar los poderes ejecutivos sino por favorecer su control.