La Conferencia Episcopal ha señalado la coincidencia de las líneas del plan del Gobierno para reparar a las víctimas de abusos sexuales con lo que la Iglesia lleva trabajando desde hace años. A pesar de lo cual, los obispos han respondido que no pueden tomar parte en esta iniciativa. Aceptar el plan equivaldría a dar por buenos unos presupuestos falsos e injustos que reducen el drama de los abusos a su mínima expresión, la que suponen los casos en la Iglesia. Denunciar esta tergiversación no tiene nada que ver con una especie de “y tú más”.

Nada debería impedir la colaboración entre dos instituciones dispuestas a llevar a cabo un trabajo serio de prevención de los abusos y resarcimiento a las víctimas. A veces, sin embargo, los términos se plantean de un modo que más parece tener que ver con una cuestión de lucha ideológica que con un verdadero interés por trabajar por las personas. La Iglesia viene reclamando la implicación del Gobierno y de otras instituciones para abordar integralmente esta lacra social. Gracias al doloroso camino que viene realizando desde hace años, puede ofrecer a todos su experiencia a la hora de afrontar este drama. Pero también expresa su estupefacción cuando se plantea el problema como un fenómeno propio de ámbitos religiosos, deformando burdamente la realidad, ya sea por interés o por desconocimiento.